Odebrecht: ¿esta semana?

El discurso anticorrupción que con tanto fervor se abrazó tras los conflictos de interés despertados por la compra de la famosa Casa Blanca está rodando por los suelos

 

Perdón por la insistencia, pero el caso Odebrecht está dejando de lo más mal parado al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.

El discurso anticorrupción que con tanto fervor se abrazó tras los conflictos de interés despertados por la compra de la famosa Casa Blanca está rodando por los suelos.

Y es que lo que podría convertirse en una sólida reivindicación de la moral nacional se exhibe hoy con la confesa corrupción de la constructora brasileña en Pemex, como un entramado de encubrimientos y sospechas hacia el gobierno mexicano.

Pasan las semanas desde que se conocieron a detalle las confesiones del Presidente y director general, Marcelo Odebrecht, así como de 77 de sus ejecutivos, y los casos avanzan en media docena de países latinoamericanos, menos en México.

El gobierno de Perú ya nos dio una lección de que cuando se quieren hacer las cosas, se hacen, al anunciar una serie de medidas anticorrupción.

Todo después de descubrir que el expresidente Alejandro Toledo habría recibido 20 millones de dólares de sobornos de los brasileños.

Y, sin pensarla dos veces, el presidente peruano Pedro Pablo Kucksinsky emitió un decreto en el que asume cinco acciones clave para combatir la corrupción en su gobierno.

Uno, vetar de por vida dentro de cualquier obra pública a las empresas corruptoras. Dos, cancelar de por vida sus carreras políticas a los funcionarios corruptos. Tres, licitaciones con obligada cláusula anticorrupción. Cuatro, triplicar el presupuesto de la fiscalía para combatir la corrupción. Y, cinco, un sistema efectivo de recompensas para funcionarios y ciudadanos que denuncien actos de corrupción.

Lo curioso es que en Perú tomaron en serio las denuncias de Odebrecht, investigaron y el escándalo alcanzó al mismísimo expresidente Alejandro Toledo, ahora prófugo para evadir la sentencia de 18 meses de prisión preventiva.

Para todo fin práctico, Perú se convierte en la única nación del continente en condenar por corrupción a dos de sus expresidentes: Alberto Fujimori, todavía en prisión, y ahora Alejandro Toledo.

Mientras tanto en México apenas despertamos, muy tardíamente, al caso Odebrecht, enviando esta semana al nuevo procurador Raúl Cervantes Andrade a Brasil para recolectar y contejar los informes.

Hasta ahora se ubican en un solo funcionario de Pemex quien habría recibido presuntamente 10.5 millones de dólares para favorecer a la constructora brasileña con un contrato.

Las presunciones se centran, por el monto del soborno, en la licitación de la segunda etapa del gasoducto Los Ramones, que sirve a la zona entre Monterrey y San Luis Potosí, y que significó un contrato por mil 200 millones de dólares. Nada depreciables.

También está pendiente el informe que sobre el caso viene prometiendo hace semanas la exprocuradora y ahora secretaria de la Función Pública, Arely Gómez, quien debe estar consciente de que la liga ya no se puede estirar más. Tiene que dar resultados inmediatos o la convertirán en una nueva versión de Virgilio Andrade.

Por eso insistimos en que el escándalo Odebrecht en México debe revelarse tan pronto como esta misma semana. Y aquí sí, sea de la anterior o de la actual administración, que caiga quien caiga.

El presidente Enrique Peña Nieto tiene la responsabilidad del último empujón, para recuperar el prestigio perdido. O alguien desde afuera se lo hará estallar.